Imposturas con víctimas de fondo

Imposturas con víctimas de fondo

por MIKEL BUESA

UN límite fundamental con el que se ha topado el presidente Rodríguez Zapatero al tratar de imponer sobre la sociedad española su estrategia de negociación con ETA, vertebrada sobre el eje que une el reconocimiento de un derecho a la independencia para los vascos a cambio del cese de la violencia terrorista, es el rechazo a tal trasiego político que se ha asentado en la opinión pública a partir de la consolidación de un genuino sentimiento colectivo de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Por ello no sorprende que, para los agentes del Gobierno, haya sido muy importante buscar la manera de minimizar la influencia social de esas víctimas y de su reclamación de justicia.

En una etapa inicial, cuando el proceso de negociación se encontraba en ciernes y se buscaba su legitimación institucional a través de una declaración parlamentaria, se optó por la persuasión. A las víctimas se les ofreció participar en el incipiente «proceso de paz» sacrificando la memoria de su sufrimiento, otorgando un perdón que avalara la concesión de medidas de gracia a los terroristas y enterrando para siempre cualquier reclamación de justicia. A decir verdad, hubo unos pocos que aceptaron y fueron generosamente recompensados con las dádivas del poder. Pero también es cierto que la mayoría de las víctimas y de sus organizaciones rechazaron radicalmente la invitación gubernamental y expresaron públicamente su voluntad de resistencia y movilización. Entonces se convirtieron en enemigos y, desde aquel momento, fueron objeto de escarnio bajo una acusación de politización que las sometía al designio del Partido Popular y, finalmente, las identificaba con la extrema derecha.

Aunque este último reproche se ha mantenido constante hasta ahora -y para comprobarlo basta con dar una ojeada a los resultados de un supuesto periodismo de investigación que han aparecido recientemente en el semanario «Interviú»-, lo cierto es que, en los últimos meses, los argumentos orientados a la descalificación de las víctimas del terrorismo se han diversificado. De esta manera, hemos visto a algunos, como el diputado Madina, negar la representatividad de las organizaciones de víctimas -con excepción hecha, naturalmente, de las que apoyan a su partido- alegando que éstas son más de 17.000 y que la asociación más amplia -es decir, la AVT- sólo acoge a unos pocos miles.
Otros, en cambio, han preferido negar la realidad misma de las víctimas. Tal es el caso del Fiscal General del Estado quien recientemente, después de advertir de un modo enigmático que «no se ha entendido bien y de manera suficiente a las víctimas», se ha apresurado a criticar a quienes han «colocado el terrorismo como eje del debate social... cuando -según él- ya prácticamente no hay víctimas del terrorismo». Si tenemos en cuenta que esta declaración ha tenido lugar después del asesinato de tres personas, dos en el atentado de Barajas y una más por efecto de un acto de terrorismo callejero en Mondragón, sólo se puede entender que el aludido funcionario considera que esas víctimas son más bien de menor entidad, tal vez meros «accidentes» según la terminología que le gusta usar a su jefe y mentor, el presidente del Gobierno.
No se sorprenda el lector, porque la terminología y los conceptos que, en un ejercicio de impostura, tratan de ocultar la verdad del sufrimiento de las víctimas del terrorismo, han llegado todavía mucho más lejos. Un reciente libro en el que, sin aportar ninguna evidencia y en una maniobra de necio voluntarismo, se sostiene que «más de cuarenta años después de su nacimiento... las Fuerzas de Seguridad han derrotado a ETA», debido a la pluma de José María Calleja -el periodista que se considera a sí mismo como uno de los «muy poquitos... asistentes a la mayoría de las manifestaciones contra la banda» y que nos califica a los demás, incluyéndome a mí y a otras víctimas, de forma explícita, como «antietarras de discoteca»- y de Ignacio Sánchez-Cuenca -el académico que, con el apoyo de la teoría de juegos, ha elaborado la doctrina de la negociación con ETA que inspira a Rodríguez Zapatero-, se ha convertido en el paradigma de la especulación conceptual orientada a encubrir las mentiras de quienes ostentan el poder.

En ese libro se puede leer, por ejemplo, que «policías y guardias civiles han muerto de manera previsible y rutinaria durante casi cuarenta años». Subrayo esos dos conceptos porque su utilización para calificar los asesinatos de miembros de las Fuerzas de Seguridad a manos de ETA, sólo es posible dentro del horizonte conceptual propio de esta organización terrorista, de lo que se infiere que los aludidos autores lo adoptan para escribir su libro. Y así es, en efecto, pues de otra manera no se explica que, con relación al atentado de Hipercor, acepten la idea de que «probablemente ETA no pretendía provocar una masacre» y lo califiquen como un «caso anómalo» o «un trágico error» y señalen que los muertos allí producidos hacen «azarosa» la ordenación de las Comunidades Autónomas en las que ha habido víctimas de ETA. O que, en otro lugar, se señale «el cuidado que tiene ETA a la hora de matar: tan sólo mata vascos cuando éstos no se pliegan a sus deseos (informadores, etc.) (y), en cambio, mata gente del resto de España sin demasiados miramientos». Pero donde la abducción terrorista se advierte con mayor nitidez, es en el empleo de los conceptos de «error» y «muerte colateral» para clasificar a determinadas víctimas, pues si hay errores y víctimas incidentales entre las de ETA, no sorprende que, como antes se ha dicho, las del atentado de Barajas se puedan tildar de «accidentes» o se puedan considerar «prácticamente» -o sea, a los efectos convenientes para la política- como inexistentes.

Es más, el concepto de «muerte colateral» o incidental, que Calleja y Sánchez-Cuenca aplican a las «muertes no pretendidas», da legitimidad a la actividad terrorista de ETA. Ello es así porque ese concepto, que procede del derecho internacional humanitario, sólo es aplicable a los casos en los que un ataque a objetivos militares ineludiblemente conduce a la producción de daños personales o materiales de carácter civil. De acuerdo con los Convenios de Ginebra, esos daños son legítimos y no están prohibidos, aún cuando pudieran ser esperados o previsibles. Por tanto, si se dice que son colaterales las víctimas producidas «cuando explota un coche-bomba al paso de un furgón policial y muere algún civil que pasaba por allí», se admite también, implícitamente, que el objetivo de matar a los ocupantes del vehículo estaba justificado. Y ello, aún cuando el Protocolo II de Ginebra prohíbe taxativamente todo ataque a civiles en conflictos bélicos internos, a menos que esos civiles sean combatientes.

Desengáñese el lector con todos estos productores de conceptos estadísticos, políticos o pretendidamente científico-sociales para, finalmente, desacreditar a las víctimas del terrorismo que proclaman su desacuerdo con la política antiterrorista del Gobierno. No son sino creadores de engaños, alumnos aventajados de aquel Manés Sperber, el agente del Komintern que, bajo la batuta de Willi Münzenberg, oficiaba la seducción de los intelectuales para el estalinismo, y que, en La bahía perdida, les dejó escrita su lección máspreciada: «ocultaremos la impostura con las mentiras y las mentiras se convertirán en verdad y la impostura dejará de ser impostura».

MIKEL BUESA
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

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